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Vii congreso centroamericano de historia


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VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA

(UNAH, TEGUCIGALPA – HONDURAS, 19-23 DE JULIO 2004)


MESA GÉNERO E HISTORIA
PONENCIA

VISIBILIZANDO LAS FACETAS OCULTAS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES, EL FEMINISMO Y LAS LUCHAS POR LA CIUDADANÍA FEMENINA EN COSTA RICA (1890-1953)


Dra. Eugenia Rodríguez Sáenz

Catedrática

Escuela de Historia

Universidad de Costa Rica

Coordinadora Mesa Género e Historia

erodrigu@cariari.ucr.ac.cr

VISIBILIZANDO LAS FACETAS OCULTAS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES, EL FEMINISMO Y LAS LUCHAS POR LA CIUDADANÍA FEMENINA EN COSTA RICA (1890-1953)

Dra. Eugenia Rodríguez S.

Catedrática

Escuela de Historia

Universidad de Costa Rica


RESUMEN

El principal objetivo de esta artículo es contribuir a historizar, desmitificar y visibilizar algunas de las principales facetas ocultas, acerca de los orígenes y desarrollo del movimiento de mujeres y el feminismo y su papel en los procesos de cambio socio-político y en las luchas por la ciudadanía femenina en Costa Rica entre 1890 y 1953.


Descriptores: Mujeres. Participación política. Feminismo. Movimiento de Mujeres. Ciudadanía. Costa Rica. Siglo XX.

"…no es una novedad la mujer en la política; siempre la mujer

ha tenido sus opiniones políticas y ha trabajado y llevado

entusiasmo allí, donde la indiferencia de los hombres es lo

que brilla… Hasta ahora la política la hemos hecho

ilegalmente y el hombre no se había opuesto.

¿Por qué no hacerla legalmente?

¿No sería más correcto?…"

(Sara Casal, La Tribuna, 27/1/1925:6)

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de esta artículo es contribuir a historizar, desmitificar y visibilizar algunas de las facetas ocultas sobre el desarrollo del movimiento de mujeres y del feminismo y su papel en los procesos de cambio socio-político y en las luchas por la ciudadanía femenina en el ámbito urbano costarricense entre 1890 y 1953. Además, se propone una periodización tentativa sobre el desarrollo del movimiento de mujeres en dicho período, la cual se elaboró con base en dos cronologías, una sobre la participación política y otra sobre las luchas por la ciudadanía femenina (Véase Cronologías en Sección Documental).1

Estudios recientes, han demostrado que la participación de las mujeres en la dinámica política tiene una larga trayectoria, la cual es mucho más visible en diversas coyunturas políticas como la independencia, las guerras civiles, movimientos sociales y revolucionarios, y particularmente en las primeras décadas del siglo XX, al calor de la efervescencia socio-política y electoral, la emergencia del feminismo y la lucha sufragista y de la expansión de la educación femenina y de la prensa de la época (Rodríguez 1999a, 1999b; Lavrin 1995; Besse 1996).

Sin embargo, la historia tradicional ha contribuido a invisibilizar el aporte femenino como sujeto histórico y a presentar una imagen de las mujeres como agentes sumisos y pasivos replegados en la esfera doméstica, incapaces de ejercer un papel activo y contestatario ante las desigualdades de la sociedad patriarcal, en los movimientos sociales y como miembras de organizaciones y de los partidos políticos (Rodríguez 2000). Además, en la historia política tradicional ha predominado un enfoque que excluye las luchas de las mujeres por diferentes reinvidicaciones, debido a que exalta las figuras políticas masculinas, el recuento narrativo de los hechos políticos y el papel de las instituciones de gobierno (Taracena 1996; Samper 1996; Luna 2003: 13).

Asociado con estos mitos está el de que las conquistas de las mujeres por mejores condiciones sociales, de espacios, derechos civiles y políticos y del derecho al sufragio, han sido producto de una concesión de los políticos hacia las mujeres, debido a su amplia participación en conyunturas socio-políticas particulares. No obstante estas conquistas fueron producto de una ardua y prolongada lucha llena de avances, retrocesos y contradicciones.

Pero, estas limitaciones en la forma en como se han abordado dichas problemáticas no solo son propias de la historia tradicional, ya que también en algunos estudios recientes sobre el movimiento de mujeres en Costa Rica, el feminismo y la ciudadanía, pareciera prevalecer una mirada anacrónica de la historia, es decir del análisis del pasado con criterios del presente. Como resultado de ello, nos encontramos con planteamientos presentistas y ahistóricos, que tienden a: 1) ignorar que el desarrollo del movimiento de mujeres es producto de un largo proceso histórico, que arranca desde fines del siglo XIX y no desde mediados de la década de los ochenta; y 2) a invisibilizar el carácter histórico específico de las diversas etapas de lucha por la ciudadanía y del movimiento de mujeres y feminista, las cuales estuvieron determinadas por un contexto histórico específico.

Este tipo de planteamientos se pueden apreciar en algunos estudios sobre el movimiento de mujeres en Costa Rica, como por ejemplo el de Lorena Camacho y Lorena Flores en el libro Movimiento de Mujeres en Centroamérica (Camacho y Flores: 1997: 447-511). Estas autoras reconocen la existencia y activa participación de importantes organizaciones de mujeres antes de la década de los ochenta, las cuales lucharon entre otras cosas, por el sufragio femenino, la defensa y el respeto del proceso electoral, por la tierra y la vivienda, etc. No obstante, este conjunto de importantes organizaciones no califican como movimiento de mujeres, porque “…la mayoría de estos esfuerzos e iniciativas no lograron tener permanencia y continuidad, ni tampoco la movilización de otros sectores de mujeres más allá de los que se convocaban…” (Camacho y Flores 1997: 462). También, las luchas y movilizaciones no se articularon en torno a la cuestión de género frente a la de clase. En consecuencia, para Camacho y Flores el origen del movimiento de mujeres es de reciente data, desde 1985, debido a que “…un aspecto decisivo que da pie para hablar de un Movimiento de mujeres a partir de este momento, es la cuestión de género frente a la de clase, es decir, la movilización de las mujeres en razón de necesidades comunes y específicas derivadas de su condición de mujeres, independientemente del sector o clase social a la que pertenecían…” (Camacho y Flores 1997: 462).

En concecuencia, aceptar este tipo de planteamientos implica no solo aproximarnos ahistóricamente a lo que ha sido el proceso de desarrollo del movimiento de mujeres, sino también hasta cierto punto invisibilizar el aporte de las luchas femeninas anteriores al período de 1985, porque las organizaciones de mujeres no compartían ni habían avanzado en la construcción de una agenda de género y, porque al igual que en el presente (Sharrat 1993: 56-58; Lau 2000: 14-16; Vargas 1996: 105-107), tenían tensiones entre ellas y problemas para dar continuidad y sostenibilidad a sus agendas de lucha convocando a un grupo más amplio de mujeres (Rodríguez 2002c: 98, 100-101).

Como veremos más adelante, en contraste con los planteamientos de Camacho y Flores (1997), este proceso de toma de conciencia de una agenda de género compartida, solo es posible a través de un largo proceso de lucha y de redefinición de los objetivos de las organizaciones femeninas, de las experiencias de las mujeres como sujetos histórico-políticos y de la construcción y transformación de las nociones de ciudadanía, las cuales obedecen a contextos históricos, culturales y socio-políticos específicos (Valdés 2000: 31-32, 43-108). En este sentido, la evidencia encontrada en al menos 42 investigaciones históricas elaboradas desde los años ochenta hasta el presente (Rodríguez 2003d, 2004a, 2004b, 2004c), tiende a demostrar que el movimiento de mujeres tuvo diferentes etapas y agendas de lucha, las cuales obedecieron a contextos históricos, culturales y socio-políticos específicos.

Con base en estas investigaciones y en la elaboración de dos cronologías sobre la participación política y las luchas por la ciudadanía femenina, en el presente artículo proponemos una periodización tentativa sobre el proceso de desarrollo del movimiento de mujeres, el feminismo y las luchas por la ciudadanía, la cual espera poder ser mejorada en futuras investigaciones. Básicamente, en este proceso se podrían distinguir tres grandes etapas: 1890-1922, 1923-1952 y 1953-1985. La primera etapa de 1890-1922, estuvo marcada por la emergencia de las políticas sociales y de instituciones destinadas a enfrentar la problemática social, y por una intervención activa de las mujeres en las labores filantrópicas y en la creación de diversas organizaciones y proyectos.

La segunda etapa de 1923-1952, se caracterizó por el auge de las políticas sociales, la efervescencia socio política, y la formación de organizaciones femeninas, feminista (Liga Feminista), gremiales y de los partidos políticos (Partido Reformista, Partido Comunista), factores que incentivaron la creciente participación y organización de las mujeres. También, esta etapa estuvo marcada por la fundación de una nueva organización de mujeres vinculada al Partido Comunista, que aunque proscrito en 1949, empleó entre otras estrategias la promoción de la organización y movilización femenina, articulada a través de la “Organización de Mujeres Carmen Lyra” fundada en 1949, la cual luego en 1952 toma el nombre de “Alianza de Mujeres Costarricenses” (AMC) (Alvarenga 2004).

En el tercer período de 1953-1985 se entra a una nueva etapa, en la cual a partir de 1949 las mujeres pueden ejercer el voto, elegir y ser electas, y en 1950 incorporarse como electoras a nivel local y en 1953 como electoras a nivel nacional, y tener acceso a los puestos de poder por vez primera. Por otra parte, durante esta etapa destaca el desarrollo de alas femeninas en los partidos políticos a partir de las elecciones de 1953. Durante este período, puede afirmarse que la AMC se convirtió en la primera organización de mujeres que estimuló en forma sostenida y sistemática el desarrollo del liderazgo y las organizaciones femeninas de base en las áreas urbano-marginales y a nivel nacional a partir de la década de 1950. Con ello se abre así una nueva etapa en el desarrollo del movimiento de mujeres, que sirvió de base para consolidar y replantear las agendas de lucha, de lo que puede denominarse de acuerdo con Ana Lau el “nuevo movimiento de mujeres” (Lau 2000: 14-15), el cual según Camacho y Flores emergió a partir de 1985 (Camacho y Flores 1997: 462).

En este sentido, este trabajo se concentrará en el análisis del desarrollo del movimiento de mujeres, el feminismo y las luchas por la ciudadanía en el entorno urbano, durante dos grandes etapas: la primera de 1890-1922 y la segunda de 1923-1953. Estas etapas se encuentran enmarcadas dentro del proceso de implementación de las politicas sociales liberales tendientes a redefinir el sistema ideológico de género, y en un cambiante y efervescente contexto de lucha socio-política y electoral.

1. Primera etapa: 1890-1922
Los hallazgos de las investigaciones históricas recientes sobre la participación política de las mujeres costarricenses y de otros países latinoamericanos (Mora 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2002; Rodríguez 2000a, 2000b, 2001; Alvarenga 2004; Fuchs 1995: 157-187; Besse 1996: 1-11, 38-88; Lavrin 1995: 97-124; 1997a, 1997b, 2002), nos permiten argumentar que para poder historizar, comprender y replantear mejor el desarrollo del movimiento de mujeres, el feminismo y las luchas por la ciudadanía en el entorno urbano entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, es necesario contextualizarlas dentro de una serie de procesos de cambio y de construcción de un proyecto político liberal, basado en la ideología de la “civilización, el orden y el progreso”. Estos procesos de cambio incluyeron, entre otros, las reformas liberales, la implementación de una serie de políticas sociales, la creciente efervescencia social, la secularización de la sociedad, la expansión de la prensa secular y religiosa, las reformas del sistema político electoral, la creciente incorporación de las mujeres en la educación y en la fuerza de trabajo, y la emergencia de un movimiento femenino organizado.

También, dichos estudios sugieren que las élites políticas junto con los intelectuales, el Estado y la Iglesia católica, trataron de promover una serie de políticas de reforma social, tendientes a racionalizar y armonizar la vida socio-política, al igual que “civilizar” y moralizar a los sectores populares. Al igual que en otros países de América Latina (Lavrin 1995), en la implementación de dichas políticas sociales jugó un papel importante la articulación del llamado "modelo de higiene social" (Palmer 1996, 1999; Rodríguez 2001c: 211-213). Este modelo de "higiene social" significó el desarrollo de diversas instituciones, como: hospitales, centros educativos (con una mayor orientación al sector femenino), los aparatos judicial, penitenciario y policial con el fin de controlar el crimen urbano, y políticas sociales dirigidas a "civilizar" a los sectores populares basados en un discursos higiénico, terapéutico, liberal y jurídico (Palmer 1996, 1999: 104-112, 2000: 129-157; Marín 1994, 2001).

Por otra parte, la evidencia de los estudios disponibles sugiere que dentro del proyecto liberal de reformas sociales, fue fundamental redefinir y “modernizar” el papel de la familia y de las relaciones de género. Es decir, que las políticas sociales tenían un claro énfasis de género (Rodríguez 2000a, 2000b, 2001; Fuchs1995: 157-187; Besse 1996: 1-11, 38-88; Lavrin 1995: 97-124; 1997a, 1997b). En la aplicación y éxito de estas políticas sociales, fueron clave las crecientes campañas de alfabetización y de educación de la mujer como madre-esposa y trabajadora eficiente, la creación de una serie de instituciones para la salud y la educación de la niñez, la exaltación del ideal de la “maternidad científica”, y la incorporación activa de las organizaciones femeninas en dichos procesos (Rodríguez 2000a, 2000b, 2001). En consecuencia, las mujeres y los niños se convirtieron en los elementos protagónicos para eregir el nuevo modelo de familia y nación y para preservar el nuevo orden social. Así, la cuestión social no puede ser separada de la cuestión femenina (Accampo, Fuchs y Stewart 1995: 2-3). Al igual que en los casos de Argentina, Chile y Uruguay, este fue el período en el cual “...la visión tradicional de las mujeres como madres, educadoras, dadoras de cariño y sanadoras ganó nueva relevancia, cuando esta fue puesta al servicio de la nación...” (Lavrin 1995: 97). Las mujeres se convirtieron así, en importantes aliados del Estado liberal en el proceso de implementación de las políticas sociales y de construcción de la identidad nacional.

Un cambio importante que trajo consigo este proceso, fue la redefinición de los papeles de las mujeres al trascender el ámbito doméstico y abarcar el ámbito público, debido a su participación activa en los emergentes grupos femeninos comprometidos con esta labor de cambio social desde diferentes frentes: la beneficiencia, educación, salud y política. En este contexto, el “maternalismo” sirvió de base para que los reformistas liberales justificaran ideológicamente la participación de las mujeres en la reforma social, es decir, que ésta se avalaba con base al argumento de que “...las cualidades maternales y de crianza de las mujeres podían beneficiar a la sociedad en general al igual que sus propias familias...” (Clark 1995: 130).

Por otra parte, es necesario destacar que, entre otros factores, el auge de la educación y de creciente incorporación femenina a la fuerza laboral desde fines del siglo XIX junto con la efervescencia política, el desarrollo de los partidos políticos, de los movimientos sociales, sindicales, magisteriales y de organizaciones culturales, intelectuales y feministas, constituyeron un estímulo decisivo en la participación más activa de diversos grupos de mujeres en dicho proceso de reforma social (Palmer 1996, 1999; Molina y Lehoucq 1999).

De acuerdo con la periodización propuesta anteriormente, podría plantearse que la participación de las organizaciones de mujeres en este proceso de reforma social urbano, se dio en dos grandes etapas traslapadas: 1890-1922 y 1923-1953. La primera etapa de 1890-1930, estuvo marcada por la emergencia de las políticas sociales y de instituciones destinadas a enfrentar la problemática social, y por una intervención activa de las mujeres en las labores filantrópicas. Estas mujeres eran principalmente damas filántropas de la clase alta, las cuales se encontraban organizadas en diverso tipo de organizaciones de beneficencia, y cuyos objetivos eran moralizar a las mujeres de los sectores populares conforme a los ideales de higiene, moral y disciplina de la clase dominante, y atender las necesidades de la niñez abandonada (Valdés 2000: 27-29). Según un recuento mínimo de 14 organizaciones de mujeres que se han logrado detectar en el lapso entre 1878 y 1952, al menos un 28,6% de ellas fueron creadas durante el período de 1878-1922. Estas organizaciones pusieron en marcha importantes proyectos destinados por ejemplo a: la creación de hospicios, el Programa de la Gota de Leche, comedores escolares, recoleción y distribución de alimentos, sistema de becas de estudio, las campañas anti-venéras y antialcohólicas y contra la prostitución, publicación de revistas femeninas e infantiles, entre otros (Véase Cronología participación socio-política en Sección Documental).

Entre estas organizaciones caben destacar: los Comités de Mujeres para la Propaganda Antialcohólica (1912), apoyados por la Sociedad de Trabajadores (líder Gerardo Matamoros), presidenta honoraria Esther de Mezzerville y la intervención de Carmen Nieto de Madrigal y estudiantes del Colegio de Señoritas. Las Colonias Escolares Permanentes (1920), fundadas por el Dr. Solón Núñez y cuyo objetivo era mejorar la salud de los niños de escasos recursos, participaron activamente Carmen Lyra, Esther de Mezzerville y Genarina Guardia (estas dos últimas filántropas ligadas al Colegio de Señoritas). También, el Dr. Solón Núñez fundó la Liga Antivenérea (1922) y las Campañas Antivenéreas, en las cuales participaron activamente las mujeres que se unieron a la Liga Feminista en 1923.

Sin embargo, entre estas organizaciones destacaron las Damas de San Vicente de Paul vinculadas a Iglesia católica, las cuales se establecieron en 1878. Las Damas Vicentinas se encontraban constituídas por mujeres filántropas de clase alta, las cuales contribuyeron a la fundación de los hospicios de huérfanos de San José, Cartago, Heredia y Alajuela (1887, 1888, 1890 y 1912); la Cocina Escolar (1904); el Asilo de Infancia (1905). El Programa de la Gota de Leche (1913), fue uno de los más importantes programas de asistencia social, que en la década de los veinte fue apoyado por las feministas: Angela Acuña, Ana Rosa Chacón, Sara Casal y Marian Le Cappellain (directora Colegio de Señoritas).

Durante esta primera etapa también nos encontramos con una creciente participación de las mujeres en los movimientos sociales, entre los cuales destacan el “Levantamiento del 7 de Noviembre de 1889”, en el cual las mujeres tuvieron una participación activa y en la campaña electoral, obligando junto con otros sectores sociales a que el General Bernardo Soto dejara el poder y permitiera que José Joaquín Rodríguez asumiera su cargo de presidente electo. También, fue decisiva la participación de las mujeres en el “Levantamiento contra Tinoco el 13 de junio de 1919”, en el cual tuvieron un papel muy importante las maestras y los maestros aliados a los grupos de oposición josefinos, y alumnas y exalumnas del Colegio Superior de Señoritas, y culminó con el derrocamiento de Tinoco y el incendio del Períodico oficial La Información, el cual fue liderado por Carmen Lyra.


2. Segunda etapa: 1923-1953
La segunda etapa se caracterizó por el auge de las políticas sociales, la efervescencia socio política y la formación de organizaciones de mujeres, gremiales y de los partidos políticos, y del movimiento feminista, factores que incentivaron la creciente participación y organización de las mujeres. En efecto, durante esta etapa se da un incremento significativo en el número de organizaciones de mujeres, las cuales concentran el 71,4% del total de 14 detectadas para el período de 1878-1952 (Véase Cronología participación socio-política en Sección Documental).

En este período, destacan la Fundación del Partido Reformista (enero de 1923), el cual estimuló una participación más visible y activa de las mujeres en un partido político y un espacio para sus luchas. Las reformistas redactaron el “Manifiesto de las Mujeres Reformistas” (12/10/1923), el cual buscaba la eliminación de la Fábrica Nacional de Licores, colocar fuera de la ciudad a las prostitutas y fundar un asilo de cuna para las madres pobres trabajadoras. Esta experiencia permitió a las mujeres reformistas visualizarse como ciudadanas y “mujeres patriotas”. Carmen Lyra por su parte creó la Escuela Maternal en 1925, junto con Luisa González y Margarita Castro Rawson, la cual tenía como objetivo la formación de los niños de escasos recursos utilizando el método Montessori. También ligado a la Escuela, se fundó el Comité del Niño (1929).

La fundación de la Liga Feminista el 12 de octubre de 1923 en el Colegio de Señoritas también constituyó un hecho trascendental, ya que las mujeres que la conformaron en su mayoría eran estudiantes, exalumnas y maestras de dicho colegio. La Liga fue la que principalmente lideró las luchas sufragistas, en las cuales se pueden distinguir tres grandes etapas: 1890-1910, 1910-1923 y 1923-1949 (Barahona 1994: 41, 71, 82, 125, 151-6). La etapa preliminar de 1890-1923 se caracterizó por la apertura de la discusión periodística y de la formulación de los primeros planteamientos sobre la igualdad y los derechos políticos de las mujeres ante el congreso. Así, nos encontramos con que el derecho al voto femenino aparentemente fue planteado por primera vez en 1890 por el presidente José Joaquín Rodríguez, en un discurso legislativo sobre reformas electorales. Según sus argumentos basados en una óptica liberal igualitaria, la necesidad de promover el sufragio femenino se justificaba como una decisión consecuente con: "...la civilización moderna y el avance de los principios democráticos,...[porque] la mujer está dotada de iguales facultades y sentimientos que el hombre, y por tanto es tan capaz como él para ejercer sus derechos y tener justas y legítimas aspiraciones...” (Barahona 1994: 43).

Luego, en el lapso entre 1910-1923 el proceso de lucha por el sufragio femenino adquirió una mayor fuerza, en el marco de la efervescencia socio-política y de las reformas electorales y del auge del movimiento feminista internacional. En esta época, el Partido Reformista y el movimiento obrero incentivaron la participación de las mujeres en la política y la igualdad de los derechos de las mujeres. Por otra parte, en este período destacan los planteamientos pioneros de Angela Acuña (la primera mujer abogada y una de las fundadoras de la Liga), sobre el voto femenino en sus artículos periodísticos publicados a partir de 1912 (Acuña 1969b: 343-51). Además, en el marco de la reforma electoral de 1913 toma mayor fuerza el debate sobre la igualdad y los derechos políticos femeninos. Finalmente en mayo y agosto de 1920 el presidente Julio Acosta propuso un proyecto de reforma ante el Congreso, tendiente a aprobar la reforma del voto femino, el cual fue rechazado en agosto de 1920. Posteriormente, las maestras, estudiantes y graduadas del Colegio Superior de Señoritas, plantearon por primera vez ante el Congreso la Primera Propuesta en favor del voto femenino, el 20 de junio de 1923 (Acuña 1969a: 315; Palmer y Rojas: 2000).

En cuanto al segundo período de 1923-1949 de luchas sufragistas, este se caracterizó por una organización más sistemática del movimiento feminista costarricense a través de la Liga Feminista en 1923, la cual lideró en forma más sistemática varias campañas en pro del sufragio femenino en 1925, 1929, 1931, 1932, 1934, 1939 y 1940. También la Liga planteó otras propuestas a favor del voto femenino en el marco del debate sobre los derechos civiles y democráticos en 1943, 1945 y 1947 (Chacón 1984: 193-5). La Liga estableció desde su fundación estrechos vínculos con el movimiento feminista latinoamericano, y no contó con un importante apoyo de las bases femeninas, pero sí por parte de algunos presidentes, intelectuales y diputados liberales progresistas. Este proceso de lucha sufragista culmina con el decreto del 20 de junio de 1949, con el cual se aprueba constitucionalmente el voto femenino, o sea después de una prolongada lucha de 30 años.

Además, de concentrar sus luchas en pro del sufragio la Liga cumplió otras importantes funciones en la promoción de otros proyectos y organizaciones. Así, junto a la Liga Feminista y mientras Angela Acuña estuvo en Inglaterra y Francia (1926-1931), sus compañeras, entre ellas Esther de Mezzerville, Carmen Nieto, Vitalia Madrigal y Serafina de Rosado, fundaron en diciembre de 1928 la Liga Cultural Femenina, cuyos Estatutos (abril de 1929) propugnaban la educación física, moral e intelectual de las mujeres, para hacerlas conscientes de sus deberes, la maternidad, por el niño, sus derechos como mujer y su papel en la nación. También la Liga, su líder Angela Acuña junto con Ester Castro de Tristán, organizó el Primer Congreso Centroamericano Femenino de Educción (8-15/9/1938) en el Colegio de Señoritas, actividad que logró convocar gran cantidad de maestras centroamericanas, principalmente costarricenses. Por otra parte, Angela Acuña contribuyó con el apoyo de Carmen Nieto, Amalia Montagné y Ofelia Lupita Soto, a la fundación de la filial de la Liga Pro paz y Libertad (26/4/1940), a la sección costarricense de la Mesa Redonda Panamericana (19/8/1940), la cual promovió la fundación de la Escuela América o la “Escuela de Empleadas Domésticas”, la cual funcionó entre 1940 y 1945.

Junto a esta efervescente creación de organizaciones, también destacó la vibrante participación femenina en el “Movimiento de Noviembre de 1924”, en el cual las maestras se unieron para luchar por un salario más equitativo con respecto a los maestros. Esta lucha fue apoyada por la Liga Feminista mediante el envio de telegramas al Congreso, el cual finalmente aprobó una reforma que recalificaba equitativamente los salarios de las maestras con respecto a los maestros (Congreso, Exp. 369616; Diario de Costa Rica, 25/11/1924).

Por otra parte, es fundamental destacar que con la fundación del Partido Comunista en 1931, también se vio estimulada una creciente incorporación de las mujeres en las actividades políticas del partido. Estas mujeres fueron principalmente obreras y maestras, cuya líder sin duda fue Carmen Lyra, quien junto Luisa González y otras compañeras promovieron una serie de proyectos y participaron activamente en los mitines políticos. Carmen Lyra, particularmente criticó las condiciones socio-económicas y políticas, la educación y la pobreza infantil y la promoción de la lucha social entre los sectores populares, y rechazó junto con el resto de los líderes del PC unirse a la lucha para conquistar el sufragio femenino.

La década de 1940 se caracterizó por el predominio de un polarizado clima sociopolítico, en donde destacaron las “Jornadas Cívicas de 1943” (15/5/1943), las cuales fueron lideradas por la Liga Feminista en conjunción con una gran oposición de los sectores medios urbanos josefinos, y tuvieron como cometido lograr que el presidente Ralfael Angel Calderón retirara la propuesta de reforma al código electoral, mediante la cual se proponía reducir las atribuciones de las juntas electorales en cuanto al conteo de votos y trasladar la autoridad al gobierno. En esta coyuntura, la Liga aprovechó proponer nuevamente la reforma del voto femenino.

Posteriormente, destaca como otro evento socio-político relevante la llamada “Huelga de los Brazos Caídos” (23/7/1947), en el cual también las mujeres tuvieron una participación activa, y a la vez se constituyó en un movimiento de fuerte oposición al gobierno liderado por Otilio Ulate. Junto a esta Huelga, se desarrolla la “Manifestación del 2 de Agosto de 1947”, la cual fue liderada por la “Liga Cívica de Mujeres del 2 de Agosto de 1947”. Entre las principales líderes de la “Liga Cívica de Mujeres”, están entre otras: Emma Gamboa, María Teresa Obregón (una de las primeras diputadas de 1953), Cristina Salazar y Aurelia Pinto. A este “Movimiento del 2 de Agosto de 1947”, se unieron muchas las mujeres, las cuales lucharon por la pureza del sufragio y el ejercicio de los derechos civiles y electorales a favor de los varones. De esta manera, se llegó a una coyuntura en la cual la lucha liderada en principio por la Liga a favor del voto femenino, fue completmente absorbida por la integración de las mujeres en la lucha entre las principales fuerzas políticas en beneficio del ejercicio de los derechos civiles y democráticos de la ciudadanía, “…la superación moral de nuestra Patria y la dignificación profunda de las instituciones republicanas…” (Chacón1984: 172).

Por otra parte, las mujeres también tuvieron una participación decisiva en la “Guerra Civil de 1948”, movimiento ampliamente estudiando y que definitivamente marcó un importante cambio en la vida socio-política costarricense. Luego de la “Guerra Civil de 1948”, nuevamente se plantea la reforma del voto femenino, la cual se aprueba como reforma constituyente el 20 de junio de 1949. Los factores que incidieron en que se retrasara la aprobación de esta reforma han sido analizados en otros trabajos (Rodríguez 1999b, 2000, 2002c), en donde se argumenta que más a allá de las luchas emprendidas por la Liga Feminista y los discursos pro o anti sufragistas, debemos tomar en consideración el trasfondo de la dinámica de la lucha por el poder y el contexto político electoral en el cual se inserta dicho proceso.

Además, la Guerra Civil de 1948 trajo la proscripción del Partido Comunista en 1949. En este nuevo escenario, el PC replantea sus estrategias, entre las cuales sobresalieron la fundación en 1949 de la “Organización de Mujeres Carmen Lyra”, la cual tuvo como órgano el periódico Nosotras. Luego en 1952 dicha organización toma el nombre de Alianza de Mujeres Costarricenses, y se funda un nuevo periódico que sustituye al anterior y se llama Nuestra Voz. Además, la AMC, especialmente en la década de 1950 contó con el apoyo del Partido Comunista para difundir información adicional en el periódico Adelante, que luego cambiará su nombre en 1962 al de periódico Libertad.

En la AMC participaron en su mayoría mujeres vinculadas al Partido Comunista, que también se propusieron atraer a las mujeres de diferentes orientaciones políticas, ideológicas y religiosas, que en su mayoría eran de clase media y con cierto nivel educativo. Desde sus orígenes, la AMC tenía como principales objetivos articular a las nuevas ciudadanas a las luchas sociales, mediante las campañas de cedulación para poder ejercer sus derechos ciudadanos, pero particularmente a través de las visitas a barrios marginales y por todo el país, con el fin de estimular la estructuración de organizaciones y liderazgos femeninos a nivel comunal y nacional –en todas las provincias-. También, la AMC luchó por mejorar las condiciones de las mujeres, de la familia, la igualdad femenina, la defensa de la infancia, la paz y el respeto a las libertades democráticas. Entre sus principales frentes de lucha destacan las campañas por el acceso a los servicios, en contra de los altos costos de los servicios públicos, por el acceso a la tierra y la vivienda higiénica, la extensión de la cobertura del seguro social a la mayor cantidad de miembros de la familia, salarios justos, educación, y los intentos para constituir casas cuna (Alvarenga 2004). De esta manera, se puede afirmar que la AMC se convierte en el primer movimiento de mujeres que estimuló en forma sostenida y sistemática el desarrollo del liderazgo y las organizaciones femeninas de base. He aquí, una importante fuente para estudiar las raíces históricas del proceso de desarrollo de las organizaciones femeninas de base. Todavía, la AMC sobrevive bajo otros relevos generacionales, desde que fue fundada en 1952.

Adicionalmente, a partir de la década de 1950 el ejercicio del derecho al voto, a elegir y ser electas las mujeres, estuvo acompañado de importantes cambios socio-políticos y económicos. No obstante, para algunas autoras persisten las preguntas de cuál pudo haber sido el impacto que tuvo el ejercicio del voto, y si éste pudo haber implicado una merma en la participación femenina, preguntas que sin duda deben ser respondidas en próximas investigaciones. En este sentido, Teresa Valdés considera que en cuanto a la participación femenina latinoamericana del período posterior a la consecución del derecho al voto, se desencadenó


“…una dinámica de baja de la participación femenina muy diferente a lo conocido de las luchas sufragistas y feministas de décadas anteriores… De alguna manera el voto jugó un papel en la estrategia de contención de las demandas femeninas, con el agravante que los partidos políticos se adjudicaron gratuitamente el logro de tal ‘concesión’ a las mujeres. La lucha por la ciudadanía femenina se abría así a un nuevo período que se desarrolla hasta nuestros días…” (Valdés 2000: 43).
En el caso costarricense, el ejercicio del derecho al voto se da por primera vez cuando las mujeres de las comunidades de La Tigra y La Fortuna votan el 30 de julio de 1950, con el fin de decidir si estos caseríos pertenecerían al cantón de San Ramón o de San Carlos, siendo favorable para este último. Según Angela Acuña, la más anciana de las votantes fue Ramona Cruz de 82 años y una de las fundadoras de La Tigra, viajó a caballo hora y media desde su casa hasta el centro de votación. La votante meas joven fue Margarita Zamora, de 20 años y vecina de San Pedra de La Tigra. La primera mujer que votó fue Bernarda Vázquez Méndez, de 27 años y oriunda de La Tigra (Acuña 1969b: 369).

No obstante, no es sino hasta el 26 de julio de 1953 en que por primera vez las mujeres ejercieron su voto en una elección nacional, cuya particularidad fue el gran abstencionismo del 32,8%. Según los reportes del Departamento Mecanizado del Registro Civil, se habían inscrito en el padrón electoral 200,000 hombres y 94,000 mujeres, de los cuales 197,489 votaron (Diario de Costa Rica, 26/7/1953: 1-2; Obregón 2000: 367). En consecuencia, aunque no existen reportes sobre la proporción de mujeres y hombres que votaron, al menos es claro que los votantes masculinos inscritos duplicaron a las votantes femeninas inscritas. Sin embargo, tres mujeres del Partido Liberación Nacional resultaron electas diputas: María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y Estela Quesada, también son elegidas 5 regidoras (Salvatierra1978-1980: 79).

Algunas de las impresiones con respecto a la participación de las mujeres en las votaciones de 1953, las podremos apreciar en otro ensayo que hemos elaborado con base en entrevistas a mujeres, pero por ahora basta para ilustrar el siguiente ejemplo de un artículo publicado en el períodico La Nación del 23 de julio de 1953, en el cual Juan Rafael Guzmán, abogado del Comité de Investigación Electoral, quien consideraba problemática la incorporación de las mujeres en las votaciones, ya que según él:
“…para la elección venidera del 26 de julio no aconsejo en ninguna forma, se sigan los sistemas indicados, porque la masa de MUJERES VOTANTES producirá un verdadero problema para todo cálculo, y muy difícil de abordar aplicando los métodos ya indicados, debido a la intervención del factor femenino, que es un verdadero enigma…” (La Nación, 23/7/1953: 10).

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