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Recurso de hecho


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L. 971. XL.



RECURSO DE HECHO

Longobardi, Irene Gwendoline y otros c/ Insti­tuto de Educación Integral San Patricio S.R.L.






Suprema Corte:

Toda vez que las cuestiones materia de recurso en los presentes actuados, guardan sustancial analogía con las examinadas en la causa: P.122.XXXIX., caratulada APérsico, Luigi c/ Maffulli, Ciro y otro s/ ejecución hipotecaria@ dic­taminada por esta Procuración el día 26 de octubre de 2004, me remito, en lo pertinente, a los términos y consideraciones allí vertidas, por razones de seguridad.

Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja y revocar la sentencia en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2004.

ESTEBAN RIGHI

ES COPIA
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2007.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la de­mandada en la causa Longobardi, Irene Gwendoline y otros c/ Instituto de Educación Integral San Patricio S.R.L.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1) Que el 3 de diciembre de 1998 la ejecutada re­cibió en calidad de préstamo la suma de U$S 392.000 con des­tino a la construcción de un colegio para enseñanza primaria y secundaria; se obligó a devolverla en el plazo de un año con más un interés compensatorio del 18% anual, pagadero por mes vencido, y gravó con derecho real de hipoteca a favor de sus acreedores dos inmuebles de su propiedad. El 27 de enero de 1999 se amplió el préstamo en U$S 58.000, que la deudora se comprometió a restituir en la misma fecha, condiciones y garantía real que el mutuo anterior.

2) Que con motivo de la falta de pago del crédito en tiempo y forma, los coacreedores Irene Gwendoline Longo­bardi, Emilio Oscar Migueiz, Carlos Alberto Pozzo, Carlos Eriberto Castro, María Avelina Luisa Villar Matos, José Ra­fael Sánchez Villar, Pascual Boccafurno y Antonio Francisco García iniciaron esta ejecución hipotecaria por cobro de U$S 163.000 en concepto de capital, con más sus intereses y cos­tas.


Sostuvieron que la deudora había dejado de pagar los intereses en el mes de noviembre de 2001, lo que motivó que el crédito se tornara exigible; que la incumplidora debía responder por los daños e intereses de su morosidad (art. 508 del Código Civil), principio que no se respetaba si se apli­caban las normas de emergencia económica porque la ejecutada podría cancelar su obligación pagando con una moneda depre­ciada en casi tres veces de su valor original; que al contra­tar los acreedores habían tenido la expectativa de que su acreencia fuese abonada en la moneda pactada y en la cláusula cuarta del contrato la obligada había manifestado tener en su poder la cantidad de dólares billetes estadounidenses necesa­rios para satisfacer la prestación a cuyo pago se había com­prometido (conf. escritos de fs. 50/54 y 56).

3) Que los ejecutantes plantearon la inconstitu­cionalidad de las normas de emergencia que instauraron el régimen de la pesificación (ley 25.561, decreto 214/2002 y normas complementarias), pues adujeron que afectaban su dere­cho de propiedad mediante la licuación de los pasivos de los deudores y la modificación abrupta de la intangibilidad de su capital asegurado por la ley de convertibilidad tenida en cuenta al contratar, además de vulnerar la garantía constitu­cional de igualdad ante la ley y los principios de razonabi­lidad y de seguridad jurídica, al establecer medidas retroac­tivas respecto de quienes al momento de su entrada en vigen­cia se encontraban en mora.



4) Que la ejecutada sostuvo que las normas que habían dispuesto la "pesificación" de las obligaciones de dar sumas de dinero pactadas en moneda extranjera a razón de un peso por cada dólar, habían sido dictadas en situación de emergencia por los órganos competentes y en uso de atribucio­nes constitucionales; que el derecho de propiedad no era ab­soluto y que en circunstancias excepcionales, como las plan­teadas en autos, su limitación era perfectamente válida por mediar una razón de interés general; que sus ingresos habían disminuido y el inmueble hipotecado se había depreciado en igual o mayor proporción que la moneda nacional respecto del dólar estadounidense; que de percibir los actores su crédito en la moneda contemplada se estaría cuadriplicando el valor de su acreencia, circunstancia que constituiría un virtual enriquecimiento ilícito, aparte de que a su respecto se había configurado un supuesto de excesiva onerosidad sobreviviente previsto por el art. 1198 del Código Civil.

5) Que el juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 25.561 y de los arts. 1 y 8 del decreto 214/2002 y de las normas ampliatorias y complementarias, y por razones de estricta justicia conmu­tativa mandó llevar adelante la ejecución por el capital adeudado, calculado "a razón de un peso por cada dólar, más el 50% del valor que tuviere la divisa norteamericana según cotización del tipo vendedor en el mercado libre de cambio a la fecha del efectivo pago, con más los intereses cuya tasa se fijaría en la etapa de liquidación" (conf. sentencia de fs. 158/167).

6) Que la Sala J de la Cámara Nacional de Apela­ciones en lo Civil, al modificar el fallo de la anterior ins­tancia, señaló en el voto de la mayoría que sólo quedaban comprendidas dentro del régimen de "pesificación" las obliga­ciones dinerarias expresadas en dólares estadounidenses que resultasen exigibles a partir del 6 de enero de 2002, fecha de promulgación de la ley 25.561, por lo cual quedaban ex­cluidas las que a ese momento se encontrasen en mora o venci­das, motivo por el cual el crédito de los actores no resulta­ba afectado por esa normativa y correspondía condenar a la ejecutada a cancelar la deuda en la moneda convenida, difi­riendo la cuestión atinente a los intereses para la etapa de liquidación definitiva, oportunidad en la que debían evaluar­se las particulares circunstancias que se produjeron a partir de la sanción de las normas de emergencia.


7) Que contra dicho pronunciamiento la vencida interpuso el remedio federal que, denegado, dio origen a esta presentación directa. Sostiene que el tribunal ha dado una incorrecta interpretación de normas federales y que el fallo vulnera el derecho de propiedad y el de defensa en juicio al omitir tratar cuestiones esenciales; que con la entrada en vigencia de la ley 25.820 quedó claro que la "pesificación" debe aplicarse a todas las deudas, exista o no mora anterior, circunstancia que ha privado de fundamento jurídico a la de­cisión apelada; que el valor de los inmuebles se ha visto depreciado mientras sus ingresos se han mantenido o disminui­do en pesos, por lo que confirmar la resolución llevaría a que su parte no pudiese cumplir con la totalidad de los acreedores.

81) Que la apelante aduce, asimismo, que la juris­prudencia siempre ha admitido restricciones temporarias al derecho de propiedad por razones de bien común; que también se ha afectado el principio de igualdad al hacerla cargar con todos los perjuicios producidos por la devaluación de la mo­neda, cuando ambos litigantes habían contratado al abrigo de la ley de convertibilidad; que ante la emergencia no se deben imponer cargas a unos y beneficios a otros; que las normas impugnadas por los actores cumplen con los presupuestos de validez constitucional y que la sentencia es arbitraria al excederse de lo solicitado en la demanda, ya que los acreedo­res sólo habían planteado la inconstitucionalidad de las le­yes y no su inaplicabilidad por existir mora anterior a su entrada en vigencia.



9) Que de conformidad con la doctrina que impone atender a las modificaciones introducidas por normas dictadas durante el trámite del juicio en tanto configuran circunstan­cias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Fa­llos: 308:1489; 312:555; 315:123; 325:28; 327:4495 C"Bustos"C y causa R.320.XLII "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guz­mán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria" del 15 de marzo de 2007, entre muchos otros), cabe señalar que las partes se expresaron acerca de la constitucionalidad y aplicación al caso de la ley 25.820 Cque entró en vigencia en el mes de diciembre de 2003, con posterioridad al dictado de la sentencia de cámaraC, motivo por el cual se dispuso dar vista al señor Procurador General, quien se pronunció por la validez de las normas impugnadas y la revocación del fallo por remisión a su dictamen en la causa P.122 XXXIX "Pérsico, Luigi c/ Maffulli, Ciro y otros" del 26 de octubre de 2004 (fs. 311).

10) Que el 8 de marzo de 2005, el Tribunal declaró procedente el recurso de queja y dispuso la suspensión de los procedimientos de ejecución solicitada por la deudora, por entender que los argumentos invocados podrían prima facie involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48, sin que ello impli­case pronunciamiento sobre el fondo del asunto (fs. 312).

11) Que el recurso extraordinario deducido es for­malmente admisible porque en autos se ha objetado la validez e inteligencia de normas federales y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al dere­cho que la apelante ha fundado en ellas (art. 14, inc. 3, de la ley 48). En el caso, y más allá del motivo por el que se declaró procedente la presentación directa, también se han invocado causales de arbitrariedad que son inescindibles de aquellos temas federales en discusión y deben ser examinadas conjuntamente (Fallos: 323:1625, entre muchos otros), afirma­ción que cabe hacer extensiva a los planteos de inconstitu­cionalidad propuestos por los acreedores, tarea para la cual esta Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos expresados por las partes (Fallos: 323:1491 y sus citas, entre muchos otros).


12) Que esta Corte Suprema ha aceptado la realidad de la situación de grave perturbación económica, social y política admitida por la ley 25.561 en Fallos: 327:4495; 328: 690 y en las causas M.2771.XLI "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional   dto. 1570/01 y otro s/ amparo   ley 16.986" del 27 de diciembre de 2006 y R.320.XLII "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra" del 15 de marzo de 2007, oportunidad esta última en la que también reconoció, a la luz de su jurisprudencia y la de su par norteamericana, la existencia de un derecho de emer­gencia originado por dichas circunstancias y su proyección a las relaciones entre particulares durante esos períodos, así como la necesidad de realizar el control constitucional de razonabilidad de las medidas dictadas para paliar los con­flictos generados por la crisis.

13) Que en la presente causa no está en juego la vivienda única y familiar del deudor de un mutuo hipotecario de hasta u$s 100.000, supuesto especialmente reglado en la ley 26.167 y que ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal en el precedente "Rinaldi", razón por la cual co­rresponde efectuar una reseña sucinta de la normativa de emergencia vigente respecto de la conversión a pesos de las obligaciones ajenas al sistema financiero pactadas entre par­ticulares en divisa extranjera.



14) Que la ley 25.561, que es la primera que esta­bleció reglas sobre el tema, dispuso en su art. 11 que las prestaciones dinerarias exigibles desde su fecha de promulga­ción, originadas en los contratos celebrados entre particula­res en moneda extranjera, fuesen canceladas en pesos a la relación de cambio de un peso igual a un dólar estadouniden­se, en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definiti­va, resultara de la reestructuración de las obligaciones que las partes debían negociar durante un plazo no mayor a los 180 días, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio.

Dicho artículo, que previó también que en caso de no existir acuerdo los contratantes quedaban facultados para seguir los procedimientos de mediación vigentes y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias, autorizó al Poder Ejecutivo Nacional para "dictar disposicio­nes aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específi­cas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y en el principio del esfuerzo compartido".

15) Que, con posterioridad, el Poder Ejecutivo Na­cional dictó el decreto 214/2002, cuyo art. 1 dispuso trans­formar a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero de cualquier causa u origen, expresadas en dólares estadouni­denses u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561.

La conversión se ordenó a razón de un dólar igual un peso y se previó que las obligaciones no vinculadas al sistema financiero fueran reajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) a partir del 3 de febrero de 2002, más una tasa de interés "mínima para los depósitos y máximas para los préstamos" (conf. arts. 1, 4 y 8).



16) Que el decreto 214/2002, que fue ratificado expresamente por el Congreso de la Nación (art. 64 de la ley 25.967), estableció también que si por su aplicación el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuese superior o inferior al del momento del pago, cualquiera de las partes podría solicitar una recomposición equitativa del precio, salvo que se encontrara en mora y esa situación le fuera im­putable. Para el caso de no mediar acuerdo, puso a cargo de los jueces el deber de arbitrar medidas tendientes a preser­var la continuidad de la relación contractual de modo equita­tivo (art. 8).

17) Que con el objeto de despejar dudas interpreta­tivas acerca del alcance que se debía asignar al citado art. 8 del decreto 214/2002, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 320/2002, también ratificado por el art. 64 de la ley 25.967, por el que aclaró que dicha norma era de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561.

18) Que con fecha 8 de enero de 2003 se promulgó la ley 25.713 a los efectos de establecer la metodología de cálculo del indicador CER para las obligaciones que origina­riamente hubieran sido expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, transformadas en pesos a partir de la sanción de la ley 25.561 o bien posteriormente (art. 1), estableciéndose, además, supuestos de excepción distintos al que ha originado la presente causa.

Con posterioridad, el 2 de diciembre de 2003, fue dictada la ley 25.820 que al sustituir el texto del art. 11 de la ley 25.561, estableció la transformación de las obliga­ciones en cuestión en los términos dispuestos por los arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/2002, para todos los casos en que "haya o no mora del deudor", y señaló en el párrafo final que "la presente norma no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados o sentencias judiciales".



El plexo normativo reseñado, integrado básicamente por los arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/2002, el art. 1 de la ley 25.713 y el art. 11 de la ley 25.561, según la versión de la ley 25.820, es el que establece las directivas sobre cuya base debe resolverse el caso de autos. Recuérdese que se trata de un mutuo, por un valor que excede los U$S 250.000, garantizado con hipoteca sobre un inmueble que no reviste el carácter de vivienda única, permanente y familiar, y que no se configura ninguna de las excepciones regladas en los arts. 2 y siguientes de la ley 25.713.

No está demás añadir que el conjunto de dispositi­vos analizado constituye un bloque normativo cuyas reglas deben ser interpretadas armónicamente para evitar que preva­lezcan unas sobre otras, con el propósito de resguardar el sentido que el legislador ha entendido asignarle y, al mismo tiempo, asegurar que su aplicación a los casos concretos con­lleve un resultado valioso.

19) Que los planteos atinentes a la aplicación de las normas que dispusieron la "pesificación" de las obliga­ciones pactadas originariamente en dólares estadounidenses o en otra moneda extranjera a los deudores que hubiesen incu­rrido en mora antes del 6 de enero de 2002, al alcance a asignar a los arts. 508 y 622 del Código Civil frente al abrupto cambio producido, a que los hechos desbordaron el grado de previsibilidad que podía exigirse a un obrar razona­ble y a la aplicación retroactiva de las normas de emergencia sin que exista afectación a derechos adquiridos, han sido objeto de adecuado análisis en la citada causa "Rinaldi" a cuyas conclusiones corresponde remitirse para evitar reitera­ciones innecesarias (véase considerandos 27, 28, 29, 30, 31 y 32).


20) Que aceptado el grave estado de perturbación social, económica, financiera y cambiaria, el control de ra­zonabilidad de las medidas adoptadas debe efectuarse sobre la base de que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1718 y 2624; 319:3148; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920; 325:1922, entre muchos otros), sin que le co­rresponda a esta Corte juzgar sobre el acierto o conveniencia del cambio del régimen monetario ni de los paliativos imple­mentados para conjurarla, dado que el ejercicio del poder del Estado puede ser admitido de forma más enérgica que en perío­dos de sosiego y normalidad, pues acontecimientos extraordi­narios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 200:450; 313:1513; 314:1764; 318:1887; 321:1984; 323:1566; 325:1418).

21) Que, asimismo, en oportunidad de realizar el control de constitucionalidad de las normas en estudio en el precedente "Rinaldi", sobre la base de las pautas enunciadas en los considerandos 35, 36, 37 y 38 Ca cuyos términos cabe remitirse por razón de brevedadC, este Tribunal concluyó que "las medidas de orden público adoptadas por el Estado para conjurar la crisis económica y social no resultan medios re­gulatorios desproporcionados con relación a la finalidad per­seguida ni carecen de la razonabilidad necesaria para susten­tar su validez constitucional, pues el art. 11 de la ley 25.561 (t.o. ley 25.820) después de establecer la conversión de las obligaciones pactadas en moneda extranjera a razón de un dólar igual un peso y de prever la aplicación de un coefi­ciente de actualización, faculta a las partes a solicitar el reajuste equitativo del precio".



22) Que, en tal sentido, el planteo de inconstitu­cionalidad de las normas de emergencia formulado en el escri­to inicial por los actores, con el consecuente reclamo de satisfacción de su crédito en los términos pactados, y la postura asumida por la demandada, habilita a los jueces, en caso de ser necesario, a acudir a los arbitrios previstos por las normas de emergencia para morigerar su impacto sobre las operaciones entre particulares, solución que no es extraña a lo manifestado por la ejecutada en cuanto a que, ante la emergencia, no debían imponerse todas las cargas a una de las partes y los beneficios a la otra (fs. 210), ponderación en nada incompatible con la declaración de constitucionalidad del bloque normativo.

23) Que si bien es cierto que el marco del juicio ejecutivo no resulta normalmente el adecuado para resolver temas de esta naturaleza, también lo es que las partes han consentido que ello fuese así y han debatido al respecto. Asimismo en autos se ha suscitado un caso de gravedad insti­tucional pues la cuestión propuesta excede el mero interés de los litigantes y afecta a un sector muy importante de la co­munidad. La controversia que subyace en este proceso se ha visto reiterada en numerosas causas que tramitan ante los tribunales de todo el país, lo cual revela la aguda tensión que existe entre una cantidad significativa de acreedores y de deudores en moneda extranjera, ajenos al sistema financie­ro, que en muchos casos han invertido sus únicos ahorros o han constituido hipotecas sobre bienes destinados a la pro­ducción.



24) Que en una causa que guarda analogía con la presente, en la cual la alzada había rechazado las defensas planteadas por los ejecutados basadas en hechos notorios de­rivados de variaciones de la política económica, por entender que su tratamiento desnaturalizaba la estructura del trámite del proceso ejecutivo, la Corte señaló que el carácter limi­tativo de las excepciones en los juicios de que se trata, no podía llevarse al extremo de consagrar un exceso ritual mani­fiesto, incompatible con el ejercicio del derecho de defensa, lo que ocurriría si se privase al afectado por esas medidas de la posibilidad de alegar las modificaciones cambiarias y los remedios legales conducentes a paliar sus efectos, sin otro fundamento que la mera aserción dogmática antes señala­da, ineficaz para excluir el examen de los planteos atinentes a la teoría de la imprevisión y al ejercicio regular de los derechos (doctrina de la causa "Burman" en Fallos: 305:226, criterio reiterado en Fallos 320:2178).

25) Que aun cuando en el citado precedente se hizo expresa referencia a que estaba comprometida la vivienda del deudor y de su familia, no existe razón decisiva para limitar la solución a dicha hipótesis, pues la gravedad de la emer­gencia justifica dar una respuesta que armonice las diferen­tes situaciones previstas en las normas cuestionadas y ponde­re las características de los negocios involucrados. La res­tricción cognoscitiva de estos litigios no puede traducirse en menoscabo consciente de la verdad jurídica objetiva (Fa­llos: 318:2060 y 322:437), máxime cuando las normas procesa­les no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tienen por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la realización del valor jus­ticia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 310:870; 311:2177; 317:1759 y 319:625).



26) Que, en tales condiciones, mandar a los acree­dores a que inicien un juicio ordinario posterior para soli­citar el reajuste equitativo de la obligación de reintegrar una suma de dinero, frente a la alternativa de solución que surge de las leyes en examen a que se ha hecho referencia, resulta inconveniente a poco que se advierta que generaría un dispendio de actividad jurisdiccional incompatible con el adecuado servicio de justicia (arg. Fallos: 318:2060; 322:437 y 323:3501), aparte de que implicaría mantener latente un conflicto que ya lleva cinco años de duración, aumentaría la litigiosidad y generaría altísimos e innecesarios costos para ambas partes, objetivos ajenos a los que tuvieron en cuenta los poderes del Estado al momento de dictar las medidas de emergencia, ya que en esa oportunidad hicieron reiteradas alusiones al principio de equidad, a la necesidad de preser­var la paz social y a la intención de reordenar y dar certeza a las relaciones jurídicas concertadas entre los particula­res.

27) Que de acuerdo a lo expuesto resulta pertinente reiterar lo dicho en el fallo "Rinaldi" en cuanto a que no puede desconocerse que, desde la primera ley que reguló la cuestión en examen como de las posteriores, se tuvo como pro­pósito perfeccionar el conjunto de la normativa de emergencia con espíritu conciliatorio. Así, los dispositivos legales y reglamentarios se ocuparon de proporcionar herramientas y parámetros técnicos precisos Cparidades, coeficientes, tasas de interésC a fin de que, mediante su implementación, pudiera lograrse una equitativa recomposición de las prestaciones obligacionales afectadas por las medidas de excepción en or­den a una efectiva tutela de los derechos constitucionales de los involucrados.

Cabe destacar que entre los arbitrios diseñados para alcanzar esa equitativa recomposición, el legislador asignó un papel fundamental al Coeficiente de Estabilización de Referencia (confr. art. 11 de la ley 25.561, texto según ley 25.820, ley 25.713 y art. 4 del decreto 214/2002).


28) Que, sin perjuicio de ello, en la búsqueda del restablecimiento de un adecuado equilibrio de las prestacio­nes, a través de una distribución proporcional de las cargas, el bloque normativo de emergencia ha dejado abierta la posi­bilidad de recurrir a otras vías cuyo tránsito debería ser abordado con arreglo al principio de equidad. Baste mencio­nar, al respecto, las previsiones vinculadas con la eventua­lidad de requerir un "ajuste equitativo", ya mencionadas, contenidas en los arts. 11 de la ley 25.561 (modificada por la ley 25.820) y 8 del decreto 214/2002. En suma, el sistema legal admite senderos alternativos para alcanzar un único fin, es decir, una solución equitativa. Y es precisamente dentro del marco de esas posibilidades que la jurisprudencia de los tribunales inferiores ha elaborado y empleado en forma generalizada la denominada doctrina del esfuerzo compartido Cque más recientemente ha sido receptada en las previsiones del art. 6 de la ley 26.167C que postula la distribución proporcional entre las partes de la carga patrimonial origi­nada en la variación cambiaria.

29) Que, a la luz de las referidas orientaciones normativas, se presentan, básicamente, dos caminos alternos para dar solución a problemas como el aquí suscitado, que no se contraponen ni se excluyen necesariamente, frente a los cuales el operador jurídico tiene el deber de aplicarlos de manera integrada a fin de hacer efectiva la regla de equidad que, como ya se ha señalado, constituye el eje sobre el que la legislación de emergencia ha procurado hacer girar todo sistema de reajuste. Tales caminos son a) aplicar los paráme­tros indicados en las prescripciones legales referidas en los considerandos anteriores (en síntesis, determinar el quantum de la obligación según la paridad 1 a 1 más CER, más intere­ses); y 2) ordenar la distribución equitativa entre los con­tendientes de las consecuencias de la variación cambiaria (las diferencias entre un dólar igual un peso y el dólar de mercado, más sus intereses).



30) Que, ante la concreta plataforma fáctica de este caso y en las circunstancias actuales, la solución con mayor aptitud para el resguardo de los derechos constitucio­nales de las partes es la distribución proporcional del es­fuerzo patrimonial, en tanto materializa de modo más acabado el principio de equidad. La adopción de esa definición impli­ca, asimismo, dar un paso más en el proceso de homogeneiza­ción de las decisiones judiciales para situaciones análogas a la del sub lite y evita que se generen desigualdades entre quienes ya han obtenido respuesta a sus demandas por parte de los tribunales inferiores y quienes aún la aguardan.

Se impone remarcar, no obstante Cy aun a riesgo de sobreabundarC, que a efectos de alcanzar una recomposición justa y razonable de las prestaciones, la utilización de los instrumentos creados por las normas de emergencia debe efec­tuarse de manera coordinada y sistemática, preservando la efectividad del rol que el legislador ha conferido al CER como factor esencial en el mecanismo de reestructuración de las obligaciones y que, para supuestos como el de autos, debe ser entendido como una garantía para el acreedor a no ser constreñido a percibir montos inferiores de los que se obten­gan mediante su aplicación.

31) Que sobre la base de lo expresado, teniendo en cuenta el alcance de los cambios económicos que se produjeron a partir del dictado de las leyes de emergencia, y dado que en el caso no es de aplicación la excepción prevista en la ley 26.167, ni las contempladas en la ley 25.713, para deter­minar el monto de la obligación, corresponde convertir a pe­sos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense más el 50% de la brecha exis­tente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio Ctipo vendedorC del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utili­zación del coeficiente de actualización, previsto en las nor­mas de emergencia económica arroje un resultado superior.


32) Que en cuanto concierne a la tasa de interés debe tomarse en consideración lo previsto en el art. 4 del decreto 214/2002 norma que, tal como ya se ha indicado, dis­puso que debe ser mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. En tal sentido, en la recordada causa "Massa" (considerando 16), el Tribunal consideró adecuado fijar una tasa mínima del 4% para los depósitos, por lo que resulta prudente establecer aquí, para una hipótesis de préstamo, intereses Ccomprensivos de moratorios y punitoriosC del orden del 7,5% anual no capitalizable desde la fecha en que se pro­dujo la mora y hasta su efectivo pago (arts. 508, 622 y 656 del Código Civil y art. 277 del Código Procesal Civil y Co­mercial de la Nación).

Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador Ge­neral, se declara formalmente admisible el recurso extraordi­nario deducido por la ejecutada, se revoca el fallo apelado y, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, se­gundo párrafo, de la ley 48, se condena a la demandada Cpor aplicación del principio del esfuerzo compartidoC a pagar a los acreedores la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha que exista en­tre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranje­ra en el mercado libre de cambio, tipo vendedor, del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización previsto en las normas de emergencia económica arroje un resultado superior, con más una tasa de interés del 7,5% anual, no capitalizable, entre moratorios y punitorios desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago.



Las costas de la ejecución serán soportadas en los tér­minos del art. 558 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, salvo las correspondientes a los incidentes gene­rados con motivo de los planteos atinentes a la validez cons­titucional de las normas de emergencia y a las de esta ins­tancia que se imponen en el orden causado atento a la forma en que se decide y a la naturaleza de las cuestiones propues­tas. Notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen. RICARDO LUIS LORENZETTI (en disidencia)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (en disidencia)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAF­FARONI (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA
VO-//-


-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

Que adhiero al voto de los jueces Highton de Nolas­co y Maqueda, con las dos salvedades que siguen. En primer lugar, la adhesión mencionada no alcanza a las citas juris­prudenciales de aquellos precedentes del Tribunal en los que, o bien no he intervenido o bien he formulado disidencia. En segundo término, reitero Crespecto de los llamados "decretos de necesidad y urgencia"C la postura que he expuesto en

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